Un cambio regulatorio y el aumento de los precios del gas están desatando el pánico en las comunidades de vecinos que comparten caldera.
La problemática es independiente de los contadores individuales, que serán obligatorios a partir de 2023, aunque estos fueran los primeros sospechosos cuando empezaron a llegar las facturas disparatadas.
Pero la realidad es algo más compleja. Por un lado, las compañías están rescindiendo los contratos que tenían con las comunidades —con precios fijos pactados a un año, habitualmente— para aplicar subidas o pasar a precios variables, dependientes de los del mercado.
Por otro, las nuevas tarifas del gas que entraron en vigor el pasado mes de octubre consideran consumidores industriales a las grandes comunidades de vecinos. Y una parte importante de la factura (el llamado “término fijo”) se les ha multiplicado por diez.
“Si te fijas en la factura, pagamos 3.960 euros mensuales de término fijo. Eso antes eran unos 350 euros al mes”, cuenta Miguel Galve, antiguo presidente y actual vocal en un edificio de Zaragoza. “Como cambiaron la ley, pasaron a considerarnos gran consumidor y nos subió el fijo”.
La regulación, tanto la anterior como la actual, divide a los consumidores en tramos según su consumo anual. Y justo en el de los que consumen más de 1,5 millones de kWh al año (las comunidades con pisos grandes y con muchos pisos, además de las empresas) el precio del término fijo se ha multiplicado. Aunque depende de cada contrato, donde antes este tipo de clientes pagaban unos unos 80 euros al mes ahora pagan casi 1.200 euros. La nueva regulación rebaja otros costes, pero al haber subido el precio del gas no se notan.
La factura que muestra Galve asciende a 125.600 euros, impuestos incluidos y a dividir entre todos los vecinos, y corresponde al mes de enero. El año pasado fueron 49.000 euros.
Esther Benoliel es presidenta de una comunidad de vecinos en Madrid. Casi todo el inmueble es suyo o de su familia y tanto ella como su hermana viven en él. Este es su primer invierno con contadores individuales. “A mi hermana le llegaron mil euros redondos de factura. A mí 861. Mi casa es muy grande, pero el año pasado pagué 180 euros”, cuenta.
En el edificio de Esther había una caldera comunitaria de carbón que hace años fue sustituida por una de gas natural. Antes de poner contadores, dividían la factura entre todos en función de los metros de cada piso. Ahora que los tienen instalados, todo el consumo está informatizado y cada vecino recibe su factura en función de lo que ha consumido.
“En un primer momento culpamos a los contadores. Pero llamamos al administrador y nos dijo que el consumo no había subido tanto“, continúa.
Como en el edificio de Zaragoza, lo que pasó en este caso fue que aumentó la tarifa fija debido a la nueva normativa y que la empresa suministradora subió el precio del gas. La factura subió para todos, aunque hubieran consumido más o menos lo mismo que hace un año.
“Yo siempre he sido descuidada con la calefacción. La dejaba encendida porque el gas no era caro. Ahora mi casa es un iglú: tengo todos los radiadores cerrados”, continúa Benoliel.
“Muchas empresas han resuelto los contratos”, explica Pablo Ruiz, portavoz del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid (CAF). “Nosotros pactamos los precios y teníamos comunidades negociadas a 0,036€/kWh. Pero el gas ha llegado a estar a 0,18€/kWh. Las grandes compañías no han podido aguantar esos precios y han dicho: si quieres seguir conmigo, tienes que ir a precio indexado. Ahí te repercuten el precio del mercado”.
Inquilinos helados
Ante el mismo problema, cada comunidad ha optado por distintas soluciones. No sin fricciones.
En el edificio de Zaragoza, explica Galve, de momento han optado por subir las cuotas mensuales y por girar derramas a los propietarios. Pronto instalarán contadores individuales (la ley les obliga) y, a partir de ahí, que cada vecino “pague el tramo variable en función de su consumo. La obra es otro sablazo, de unos 600.000 euros, pero se recupera en menos de cuatro años. Y además estamos obligados a hacerla”. Cuando la situación y los precios del gas se estabilicen, intentarán que la compañía suministradora les ofrezca un precio fijo de nuevo.
Cuentan con que algunos vecinos no podrán pagar las facturas. “Cuando nos enteramos de la subida de precios, los propietarios lo entendieron porque es algo que está saliendo en los medios. Tenemos impagados en la comunidad y esto hará que suban las cantidades que deben esas personas. Y puede que se genere algún nuevo moroso. Pero hay que tener en cuenta que, al ser calefacción central, no se le puede cortar el suministro si no paga: van acumulando deuda y cuando es considerable se intenta llegar a un acuerdo o se pone una demanda judicial”, dice.
En el caso del edificio madrileño, su presidenta ha optado por reducir las horas que enciende la caldera. Antes la tenía de 8 de la mañana a 11 de la noche; ahora, de 1 a 8 de la tarde.
“Los vecinos se están quejando al portero lo que no está escrito. Pero a medida que ven las facturas, se quedan callados”, indica.
El problema de las calderas comunitarias es que se encienden a la misma hora para todo el mundo, aunque cada vecino tenga unas preferencias diferentes.
“Ahora la gente trabaja mucho en casa y se me quejan. Tengo una inquilina que gana muchísimo dinero y me dice: ‘Esther, estoy teletrabajando con el abrigo en casa. A mí me da igual, yo lo pago’. Pero eso no funciona, porque la caldera es para todos y estos son los horarios que hemos establecido. Esperemos que no nos venga otra Filomena”.
Mercado libre y regulado
Aunque a los consumidores con caldera individual les convenga revisar su contrato para ver si la empresa ha subido el precio con respecto al año pasado, el problema de las comunidades es más profundo. No solo porque la tarifa fija ya se les ha multiplicado, sino porque al ser grandes consumidores no pueden pasarse al mercado regulado.
“Como ocurre con la electricidad, en España existe un mercado libre y uno regulado de gas. Al regulado, conocido como Tarifa de Último Recurso (TUR), solo pueden acceder los pequeños consumidores particulares, que consuman un máximo de 50.000 kWh anuales”, explican desde el Colegio Profesional de Administradores de Fincas (CAF) de Madrid, donde dieron la voz de alarma sobre este tema en diciembre.
El mercado regulado, cuyos precios están fijados por el Gobierno, es minoritario. Solo un 20% de los usuarios de gas natural en España se acogen a estas tarifas, según datos recogidos por Cinco Días. Sin embargo, las tarifas del mercado libre son más caras: hasta un 78% superiores según la misma publicación y hasta un 103% según la organización de consumidores Facua.
Si un usuario con caldera individual compara el precio que paga por su consumo con el del TUR y quiere cambiarse, puede hacerlo sin problema. Pero en el caso de las comunidades de vecinos no.
“Las comunidades con salas de calderas tienen un consumo superior a los 50.000 kWh anuales, así que solo pueden contratar el suministro de gas en el mercado libre“, continúan desde el CAF. Por eso los administradores de fincas reclaman al Gobierno que las comunidades puedan acogerse al mercado regulado y optar a así a tarifas más competitivas.
Fuente: www.epe.es