Las comunidades de propietarios en España cuentan con un claro marco legal que garantiza tanto la correcta utilización de las zonas comunes como el mantenimiento del edificio. La Ley de Propiedad Horizontal establece que cualquier obra realizada en espacios compartidos debe contar con la aprobación de la junta de propietarios, evitando de esta manera conflictos y posibles responsabilidades legales para quienes actúan de forma unilateral.
El artículo 7 de la Ley de Propiedad Horizontal establece que los propietarios deben respetar los estatutos y acuerdos adoptados en la junta, y el destino de los elementos comunes. Esto incluye pasillos, tejados, fachadas, jardines, garajes y cualquier instalación de uso colectivo, entre otros. Realizar obras o modificaciones en estas áreas sin autorización puede dar lugar a reclamaciones judiciales, y la comunidad tiene derecho a exigir la restitución del estado original o incluso solicitar indemnización por daños.
La necesidad de contar con el acuerdo de la junta de propietarios se fundamenta en el principio de que los espacios comunes son responsabilidad compartida y su mantenimiento afecta a todos los vecinos. Por ello, cualquier intervención no autorizada puede considerarse una infracción legal. Según expertos en administración de fincas, incluso pequeñas obras, como la instalación de toldos, cerramientos de balcones o cambios en la iluminación de pasillos, requieren el visto bueno de la comunidad.
El procedimiento para reclamar la restitución del estado original o el cese de obras indebidas se puede iniciar mediante un acuerdo de la junta de propietarios. Una vez adoptado, se notifica al propietario responsable, y si este no cumple de manera voluntaria, la comunidad puede recurrir a los tribunales para exigir el cumplimiento de la normativa. En estos casos, dicha ley proporciona un respaldo legal claro para proteger los intereses colectivos frente a actuaciones individuales que puedan perjudicar al conjunto de propietarios.
El impacto económico y estético de las obras no autorizadas es un motivo frecuente de conflicto en comunidades de vecinos. Administradores de fincas recuerdan que muchas disputas podrían evitarse mediante la comunicación previa y la solicitud de autorización, lo que también permite coordinar adecuadamente el uso de proveedores y asegurar que las modificaciones cumplan con la normativa vigente.
Además,la Ley de Propiedad Horizontal prevé que, en casos de incumplimiento, los gastos derivados de la restitución de los elementos comunes pueden ser reclamados al propietario infractor. Esto incluye tanto el coste de las reparaciones necesarias como posibles daños ocasionados a terceros. De esta forma, la ley garantiza que los vecinos no sufran económicamente por acciones individuales que vulneren los acuerdos comunitarios.
La jurisprudencia española ha confirmado en múltiples ocasiones la validez de las reclamaciones de comunidades frente a propietarios que realizan obras sin autorización. Los tribunales suelen respaldar la necesidad de preservar la integridad de los espacios comunes y la correcta administración del edificio, reconociendo a la comunidad el derecho a exigir la paralización de las obras o la restitución del estado previo.
Fuente: www.heraldo.es